Nuestro Colegio solicita la suspensión de la puesta en marcha de la fase 3 del modelo de Tribunales de Instancia
13/11/2025
El Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla ha trasladado al Consejo General de Procuradores de España su petición formal para que se solicite al Ministerio de Justicia la suspensión de la puesta en marcha de la fase 3 del modelo de Tribunales de Instancia, prevista para el próximo 31 de diciembre de 2025. Esta solicitud se fundamenta en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica 1/2025, que permite aplazar la implantación.
La decisión fue adoptada por la Junta de Gobierno en su sesión del 11 de noviembre, tras analizar la situación actual y los problemas detectados en las fases 1 y 2, que aún no han sido resueltos. Según el Colegio, la entrada en vigor de la fase 3 afectaría a el 74% del volumen total de asuntos en la provincia de Sevilla, lo que supone un impacto crítico en la operativa judicial.
A esta complejidad se suma el traslado de los juzgados a las nuevas dependencias de la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas, un proceso que ya está generando importantes retos logísticos y organizativos.
Motivos de la solicitud
El Colegio ha señalado varias razones que justifican la suspensión temporal:
- Falta de planificación y recursos materiales y humanos suficientes.
- Ausencia de protocolos organizativos y designaciones clave.
- Improvisación y falta de coordinación entre administraciones.
- Riesgo para la calidad del servicio público y los derechos de los ciudadanos.
Estas preocupaciones son compartidas por los
jueces decanos, el
Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia y la
Unión Progresista de LAJs, quienes también han solicitado públicamente el aplazamiento.
Propuesta del Colegio.
El Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla considera imprescindible
aplazar la entrada en vigor de la fase 3 al menos seis meses, con el objetivo de garantizar una implantación
progresiva, ordenada y con las debidas garantías.
La Decana,
María Teresa Rodríguez Linares, ha subrayado la importancia de esta medida para evitar que la falta de medios y planificación afecte gravemente al servicio público y a los derechos de los ciudadanos.