El Tribunal Supremo anula el Real Decreto del arancel de derechos de los procuradores.
12/04/2024
El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia histórica, declarando nulo el Real Decreto 307/2022 que pretendía modificar el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales. Esta decisión, anunciada en la sentencia número 592/2024, es fruto de un recurso contencioso-administrativo presentado por el Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla y otros 18 colegios profesionales.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha respaldado los argumentos de los colegios recurrentes, destacando las múltiples infracciones formales de la norma. En particular, se hace hincapié en la evidente insuficiencia del análisis de impacto económico incluido en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), requisito esencial para cualquier proyecto normativo. Este análisis carecía de profundidad y no cumplía con los estándares mínimos requeridos por la ley.
El tribunal también critica la falta de consideración de alternativas, el respeto a los principios de buena regulación, así como la necesidad y proporcionalidad de la norma impugnada. Además, se subraya la sorprendente ausencia de un análisis detallado sobre el impacto económico y la competencia que tendría la regulación sobre el colectivo de procuradores, una profesión esencial en el funcionamiento de la Administración de Justicia en España.
La sentencia recalca que la Procura no solo es una profesión que ofrece servicios en el mercado, sino que también desempeña un papel crucial como colaboradora de la Administración de Justicia. Por lo tanto, resulta inaceptable que el análisis del impacto en la competencia se base en afirmaciones generales carentes de respaldo empírico.
Como resultado de esta decisión, se restablece la regulación anterior a la norma suspendida, es decir, el Real Decreto 1373/2003, y se condena en costas a la Administración. Esta sentencia no solo revoca una regulación específica, sino que también establece un importante precedente sobre la necesidad de rigurosidad y transparencia en el proceso de formulación de políticas, especialmente cuando estas afectan a profesiones clave para el estado de derecho.
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